Esta semana tampoco será la definitiva en el nombramiento del nuevo Superintendente de la Policía Local de Badajoz, en contra de lo que habían anunciado en fechas recientes tanto el Alcalde como el Concejal de Policía.
Sorpendentemente la decisión ha quedado aplazada hasta el próximo lunes, tras unas reuniones en las que en ningún momento han tenido participación los sindicatos de este ayuntamiento, a los cuales ni siquiera se está informando de este proceso, que se está caracterizando por su falta de transparencia.
Tanto CCOO como USO se habían opuesto a la designación de Jefe de Policía Local a través del sistema de Comisión de Servicios, que era lo que pretendía el Equipo de Gobierno en un primer momento y que venía a ser similar a una libre designación. CCOO y USO también rechazaron la convocatoria de la plaza con carácter de interinidad, con un concurso de méritos no negociado, incompleto, sin exigir temario alguno, con un examen basado tan solo en un supuesto práctico y sin exigirse un posterior curso en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura.
A la polémica que ya suscitaron las bases y al intento de designar “a dedo” al Jefe de Policía Local se unen también una serie de supuestos errores en el procedimiento de selección. Cabe recordar que en una primera lista de admitidos, publicada y rubricada en el DOE por la Concejala de RRHH previa al examen hubo un aspirante que fue excluido por “faltar el permiso de conducir de la clase A”, lista en la que sí figuraba como admitido quien finalmente obtuviera la primera plaza y que tampoco estaba en posesión de dicho permiso, lo cual hace pensar que se revisó el cumplimiento de los requisitos de forma desigual entre los aspirantes.
La valoración que se hizo de los méritos también fue errónea lo que provocó un recurso del segundo calificado.
Y a todo ese cúmulo de irregularidades se une el que el primer calificado carece del permiso de conducir que exigen las bases, el permiso A, donde se establece que el incumplimiento de los requisitos exigidos comportará la nulidad de los actos del Tribunal Calificador en relación con el aspirante y la imposibilidad de efectuar su nombramiento, sin perjuicio de la exigencia de otras responsabilidades en que haya podido incurrir. Y que en este caso, la propuesta se considerará hecha a favor de los aspirantes, según orden de puntuación obtenida, que tengan cabida en el número de plazas convocadas, como consecuencia de la citada anulación.
Y en este caso tan especial de una plaza de carácter interino y tal y como se redactaron las bases por el Ayuntamiento no caben posibilidades como presentarlo tras el Curso de la Academia de Seguridad Pública, porque no se establece que deba hacer dicho curso y porque aunque lo hiciese para obtener el permiso A hay que tener un tiempo de antigüedad de 2 años con el A2, circunstancia que tampoco puede cumplir el primer aspirante.
En este sentido no puede recurrirse al argumento de que el A2 implica el A, porque la normativa actual exige no solo esos 2 años de antigüedad sino la superación de un nuevo examen de conducir.
Tampoco cabe hacer uso de una circular interna de la Junta que informaba de la posibilidad de pedir en las bases el permiso A2, porque el Ayuntamiento decidió exigir el permiso A, lo que ha podido determinar que muchos posibles aspirantes que no cumplieran este requisito no se presentaran.
Es lamentable que al parecer según se ha manifestado públicamente “altos cargos municipales” le dijeran al primer aspirante que no había problema por que careciese del permiso exigido.
La solución de este asunto es sencilla y más que evidente. El primer calificado no cumple las bases de la oposición y debe ser nombrado el segundo calificado.
La gestión realizada de este asunto es escándalosa y bochornosa y está provocando un grave daño no solo a los aspirantes, sino al propio Cuerpo de la Policía Local, a la propia imagen del ayuntamiento y a la de la Administración Pública. Es una asunto en el que las repercusiones pueden no ser tan solo administrativas sino también penales, por un delito de prevaricación.
Por todo ello, CCOO y USO instan al Ayuntamiento a que resuelva de forma inmediata ajustándose a la legalidad, y a que no intente interpretaciones torticeras de las normas jurídicas, pues es alarmante la acumulación de errores en la gestión de personal en la Policía Local, donde en lugar de ser un ejemplo en el cumplimiento de las normas se procede justamente al contrario. Igualmente desde CCOO y USO insistimos en la conveniencia de la dimisión o cese del Concejal Delegado de Policía, Alberto Astorga, por la nefasta gestión del servicio de Policía Local que está llevando a cabo.
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