El Ministerio Fiscal y la acusación particular piden que sea condenado a 14 y 7 años, respectivamente, de inhabilitación especial como empleado o cargo público por haber prevaricado (delito consistente en dictar a sabiendas una resolución injusta). Las dos partes mantienen que Olivenza quitó cinco multas (dos en el año 2008 y tres en el año 2009) que había impuesto la Policía Local.
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